Operativos pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han detenido al equipo de @VPITV en la estación de servicio de Chuao, localizada en el norte del país. Tras la detención, pretendían trasladar a la sede de este cuerpo policial al reportero Luis Patiño, el cámara Jhonatan Bello, el asistente Dangert Zorrilla y al taxista Óscar Ávile, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Twitter.
En concreto, ya son cuatro trabajadores de prensa detenidos en 24 horas por cubrir lo que sucede en las estaciones de servicio, con sus largas colas de espera para conseguir gasolina.
Marco Ruiz, secretario general del sindicato, informó que en realidad son dos los hechos “que afectan el ejercicio libre del periodismo” y que “están ocurriendo en simultáneo”. En un audio difundido a los medios de comunicación, sostuvo que “se mantiene la detención ilegal y arbitraria de la periodista Carol Romero, quien se encontraría en la comandancia de la Guardia Nacional. Ni su familia, sus colegas y la abogada han podido verla. No conocemos cómo se encuentra en estos momentos”.
Posteriormente incidió en el segundo hecho, mencionado en el tuit del sindicato: “Una detención también ilegal en los alrededores de una estación de servicio en Baruta, donde un periodista, un asistente, un cámara y el chófer del vehículo se encuentran privados de libertad por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCIM). Este equipo fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional tras realizar la cobertura informativa del suministro de combustible en esa estación. Vamos a estar atentos y permanecer movilizados”.
Miles de venezolanos han vuelto a salir a las calles esta semana para protestar por la escasez continua de gasolina que se mantiene en el país caribeño, que cuenta con las mayores reservas conocidas de petróleo a nivel mundial.
Las manifestaciones ahora apuntan al nuevo sistema de racionamiento diseñado por la dictadura de Nicolás Maduro, que busca distribuir el escaso combustible obtenido del régimen iraní, y cuyas carencias se han evidenciado de manera inmediata.
Según el plan del gobierno venezolano, la petrolera estatal PDVSA permitiría a las empresas privadas importar y distribuir combustible, evitando así teóricamente las posibles sanciones de Estados Unidos dirigidas a las entidades estatales. Esta medida iría acompañada de un aumento de precios en los combustibles.
Algunos barcos procedentes de Irán lograron entregar el petróleo en Venezuela, mientras que otros optaron por desistir de sus planes ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.
