Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos

AOP denuncia la penalización del Gobierno al sector y el peligro que supone para la transición energética

  • Por Redacción
  • 22 de diciembre de 2022
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22 Dic
Pedro Sánchez, especialmente a través de su titular de Transición Energética, Teresa Ribero, ha ignorado sistemáticamente las propuestas innovadoras del sector petrolero en la Transición Energética, pidiéndole después ayuda en momentos críticos para contener la inflación y castigándole posteriormente con más impuestos sobre sus ingresos.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) denuncia que el gravamen temporal energético, promovido por el Gobierno y aprobado ayer en el Senado, penaliza al sector del refino y es incongruente con su política, al no favorecer la transición energética. Según AOP, el nuevo gravamen penaliza y desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector.

El sector del refino ha sido crítico para garantizar la seguridad de suministro en España y para contribuir a paliar el incremento de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania. Como sostiene el propio Gobierno en su Plan +Seguridad Energética, el sistema de refino español es “único en Europa”, reconociendo que “por sus características y complejidad en número de refinerías, localización de estas y conexión a la red de oleoductos, dispone de una gran flexibilidad”.

Este activo estratégico, a diferencia del resto de países europeos, es fruto de las inversiones realizadas a riesgo por las compañías y sin ayuda gubernamental, las mismas que hoy permiten a España tener garantía de suministro.

Además, se trata de un sector que contribuye a la balanza comercial española con más de 19.500 millones de euros en exportaciones, aporta el 54% de la energía final total del país y permite al Gobierno recaudar más de 20.500 millones de euros en impuestos, al mismo tiempo que sostiene más de 200.000 empleos.

El Gobierno castiga al sector que más colaboró cuando solicitó su ayuda en tiempos difíciles

AOP recuerda que el Gobierno ha solicitado la ayuda del sector en los dos últimos años para hacer frente a momentos críticos.

En primer lugar, las compañías operadoras de España mantuvieron en funcionamiento sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio en 2020, sosteniendo unas pérdidas extraordinarias derivadas del cese casi total de la movilidad, unas pérdidas que aún no se han recuperado. Aun así, han sido acusadas de obtener beneficios extraordinarios, lo cual demuestra, además, una preocupante indiferencia sobre el funcionamiento del sector y sus ciclos.

En segundo lugar, el Gobierno solicitó a las compañías asociadas su colaboración en 2022 para mitigar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. El resultado fue la implantación de una bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles, y la aportación adicional al menos de 5 céntimos por litro de producto a cargo de las compañías con capacidad de refino. De nuevo, las compañías asociadas en AOP demostraron estar a la altura añadiendo, por su cuenta, significativos descuentos adicionales.

El sector mantiene las inversiones aunque el Ejecutivo no marca una hoja de ruta segura para estas y lo ignora en la transición energética

A pesar de todos estos inconvenientes, no han cesado las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde o  en los ecocombustibles, con el empleo que éstas conllevan. Esto se ha llevado a cabo gracias a inversiones realizadas a riesgo por las compañías asociadas, ya que desde la Administración ni tan siquiera se ha brindado una senda clara del papel de este sector en la transición energética.

AOP considera cuanto menos desconcertante esta forma de castigar a un sector que es estratégicamente clave y que ha prestado su ayuda siempre que se le ha requerido, especialmente en momentos tan duros como la crisis sanitaria o la invasión de Ucrania.

El sector ha estado a la altura de las circunstancias ayudando a su país cuando la situación lo ha requerido, al mismo tiempo que lleva años instando al Ejecutivo a que se le permita desempeñar un papel activo en la transición energética.

Si se ha evidenciado en múltiples ocasiones la voluntad de las compañías operadoras de formar parte de la solución, también ha quedado claro que desde la Administración no se dan las señales regulatorias que pueden permitir al sector afrontar con seguridad las inversiones ya iniciadas. Sin estas inversiones, se dejará atrás a mucha población en una transición energética inasumible en términos de costes y lastrando la industria nacional y, con ella, la economía en su conjunto.

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