Las compañías que integran la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) reconocen los avances realizados por la Administración para abordar este problema y, en este sentido, respaldan la reciente Resolución de la Secretaría de Estado de Energía.
Esta medida incrementa el pago que deben realizar al Fondo Compensatorio los sujetos obligados en caso de no disponer de los certificados suficientes para cubrir su obligación, que se había quedado desfasado respecto al coste diferencial entre los carburantes bio y fósiles, una medida que se venía solicitando desde la asociación.
No obstante, AOP considera que la resolución aprobada no es suficiente por sí sola para atajar el fraude en el mercado de los biocarburantes, el cual exige una acción determinada para evitar poner en riesgo la consecución de los objetivos de reducción de emisiones.
Los operadores que no incorporan el porcentaje obligatorio de biocarburantes en sus combustibles provocan un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero arriesgando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). A ello se suma la competencia desleal y la obtención de beneficios ilegítimos provocando la pérdida de ventas de quienes cumplen la normativa vigente.
Estas prácticas fraudulentas se producen por la brecha de precio entre los biocarburantes y los combustibles tradicionales. Dada la falta de incentivo para introducir el biocarburante, hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo, ahorrándose el sobrecoste del componente biocarburante y obteniendo con ello un beneficio ilegítimo por la diferencia entre ambos precios. A esto se añade el incumplimiento masivo de pagos al Fondo Compensatorio por parte de los operadores con déficit de certificados. Todo ello deriva de una regulación que está demostrando ser poco efectiva.
Garantía financiera proporcional a las obligaciones en los biocombustibles
En este contexto, AOP viene reivindicando una actuación más contundente frente a estas prácticas fraudulentas, que no solo obstaculizan el avance real y efectivo en la reducción de emisiones, sino que también provocan una competencia desleal perjudicando y desincentivando a las empresas cumplidoras.
Una de las medidas que AOP reclama es el establecimiento de una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor. Concretamente esta medida tendría un carácter claramente disuasorio para todo actor que pretenda incumplir la incorporación del bio en sus carburantes, dificultando el fraude y, en caso de que éste se produjera, las Administraciones podrían recuperar el dinero defraudado, al menos en parte.
Asimismo, sería igualmente necesario un sistema ágil de reporte del cumplimiento de las obligaciones y del régimen sancionador oportuno para aquellos operadores que incumplan.
La Administración debe definir una senda a 2030 que permita al sector alcanzar los objetivos de la directiva europea RED II y del PNIEC
La lucha contra el fraude cobra especial relevancia teniendo en cuenta que estamos experimentando cambios trascendentales en el marco regulatorio y en los objetivos que nos estamos marcando para el futuro a largo plazo, para lograr una efectiva reducción de emisiones y completar una transición energética inclusiva y justa.
En este sentido, AOP cree, además, que se debe dar un paso más en el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del sector. Dos años después de la presentación de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, y en el marco de la defensa y difusión de los combustibles líquidos neutros o bajos en carbono, la Asociación viene a reivindicar la necesidad de que la Administración establezca una senda que les permita llegar a los objetivos que marcan tanto la Directiva Europea de Energías Renovables (RED II) como el PNIEC.
La RED II prevé que el Estado debe imponer una cuota de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte, que ha de ser mínimo del 14% en 2030. Por su parte, el PNIEC fija un objetivo mayor, que contempla un 28% de renovables en el transporte en 2030, para lo que se reconoce en el mismo documento que los biocarburantes son imprescindibles.
España aún no ha traspuesto por completo la RED II, fijando solo los objetivos a cumplir para 2021 y 2022, a diferencia de otros países europeos que ya tienen una ruta definida hasta 2030. La ausencia de la citada senda provoca una inseguridad jurídica en la inversión, desincentivando la misma y dificultando el alcance de los objetivos fijados.
La Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, que AOP presentó hace más de dos años, pone de manifiesto que la industria del refino tiene clara la ruta a seguir para alcanzar las emisiones netas cero en 2050. No obstante, el desarrollo de ecocombustibles, gracias a los que según el PNIEC podrán conseguirse la mitad de los objetivos de descarbonización, requiere un marco legal estable que fomente la inversión.
Para que la transición energética sea abordada con éxito es necesario no solamente incorporar los ecocombustibles bajo unos parámetros definidos y con un margen temporal suficiente, sino garantizar que se cumplen los objetivos marcados por la legislación.
