Ayer martes se votó en el Pleno del Congreso a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, registrada por el PSOE y UP en julio, que contempla un nuevo gravamen para las compañías energéticas.
AOP ya manifestó sus reservas frente a la iniciativa, a raíz del registro de la proposición de Ley, advirtiendo su carácter arbitrario y discriminatorio, al mismo tiempo que ha reiterado la necesidad de un marco legal estable.
Ante el inicio de la tramitación parlamentaria, AOP insiste en su rechazo total al nuevo gravamen, lamenta que no se haya contado previamente con la opinión del sector para presentar esta iniciativa y reclama que se espere a la propuesta que finalmente acuerde la Unión Europea al respecto para garantizar una actuación coordinada en el mercado energético europeo y evitar un serio perjuicio a la competitividad de la industria española.
Los motivos del rechazo frontal de AOP se concretan en la falta de utilidad del gravamen para el objetivo que se pretende, pero también de coherencia con la realidad del sector y en su incompatibilidad con el marco jurídico, fiscal y económico de España. En esta línea, es importante destacar que las empresas del sector de refino integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) son conscientes de su compromiso con la sociedad y de las especiales circunstancias que concurren. Así lo demostraron durante la pandemia, manteniendo operativas refinerías y estaciones de servicio para cubrir la demanda de un servicio esencial, y lo han reiterado en el actual contexto de precios energéticos elevados, ofreciendo descuentos adicionales a la bonificación pública para aliviar el esfuerzo de los ciudadanos.
El denominado oficialmente gravamen, un despropósito de impuesto por los 4 costados
El denominado oficialmente gravamen, que se presenta como una prestación patrimonial pública no tributaria, en realidad es un impuesto. No obstante, ese intento de obviar los requisitos que han de acompañar a los tributos no esconde otros problemas, como la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación al no incluir a otros sectores, la retroactividad en su aplicación a ingresos ya obtenidos, la posible doble imposición y resultados en muchos casos confiscatorios.
En primer lugar, existe una clara desvinculación entre lo que se pretende gravar teóricamente (unos supuestos beneficios extraordinarios de 2022 y 2023) y el hecho imponible (la cifra de ventas). AOP reitera que el tributo no grava los beneficios, y mucho menos los que pudieran ser extraordinarios, sino la totalidad de la facturación de las empresas, que es evidente que puede ser muy alta incluso en una situación de pérdidas.
Teniendo en cuenta los márgenes de algunos negocios y operaciones en el sector, que se encuentran muy afectados por las políticas de descuentos y contención de precios asumidos por las empresas en el actual contexto de crisis energética, el gravamen será claramente confiscatorio, al recaer sobre beneficios inexistentes o menores al propio gravamen.
Es más, en los términos que se plantea, el gravamen propuesto no es en absoluto progresivo, ya que los beneficios no se gravan de forma que cuanto mayores sean mayor es el importe a pagar. De hecho, gravar la facturación es en sí regresivo y genera un riesgo de pagar incluso cuando las empresas no obtengan beneficio alguno vulnerando el principio de capacidad económica. Vinculado con ello, además, la asociación considera importante evitar la discriminación entre operadores de un mismo sector.
Asimismo, cabe recordar que, para respetar un mínimo sentido de la justicia y de la capacidad económica, no cabe gravar beneficios presuntamente elevados de 2022 sin tener en cuenta las pérdidas y caídas de resultados verdaderamente extraordinarias que sufrió el sector en 2020 y 2021 como consecuencia del covid. El sector del refino no cuenta con unas tarifas reguladas, sino que está sometido a la competencia internacional y sus beneficios son cíclicos, ya que responden a las condiciones del mercado y a unas inversiones realizadas a riesgo, sin rentabilidad asegurada.
En segundo lugar, el planteamiento del nuevo gravamen ignora, por ejemplo, que en el caso del refino forman parte de la cifra de negocios determinados impuestos o ingresos derivados de otras actividades ajenas a la energética, como la química o las ventas de otros productos en las estaciones de servicio (productos non-oil), además de productos cuyo precio puede estar regulado administrativamente, como en las ventas de gas licuado (GLP), o ingresos obtenidos y gravados en otros países, como es el caso de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero.
En tercer lugar, el nuevo gravamen afecta de forma evidente al derecho fundamental de libertad de empresa, al prohibir expresamente la posibilidad de repercusión del impuesto, al mismo tiempo que altera ilegítimamente la competencia en el mercado.
Finalmente, AOP subraya el desacierto en la forma de planteamiento de este tributo, ya que en ningún momento se ha tratado con la Asociación y sus miembros, pese a mantener una línea de colaboración permanentemente abierta con el Gobierno de España para valorar el Plan de Contingencia energético. Es más, AOP señala en este punto la inconveniencia de plantear esta iniciativa, anunciada por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, no como un proyecto de ley del Ejecutivo, sino como una proposición de Ley de los grupos parlamentarios socios en el mismo, eludiendo de esta forma los trámites de audiencia e informe previos.
AOP subraya, en este sentido, la importancia de aguardar a la propuesta que finalmente se apruebe en la Unión Europea en torno al mercado energético, que se está discutiendo estos días, antes de seguir avanzando en una iniciativa precipitada y unilateral. Además, debería valorarse la opinión y la situación de la industria española del refino, que es hoy un activo estratégico de gran importancia para el país. A este respecto, conviene recordar que, mientras que en Europa se han cerrado refinerías y el continente perdía el 9% de su capacidad de refino, en España las compañías asociadas hicieron un intenso esfuerzo e invirtieron casi 7.000 millones de euros para que las refinerías tuvieran más capacidad y flexibilidad de conversión.
Como consecuencia de esa inversión, está garantizado el suministro hoy en España, gracias a la capacidad de sustituir el crudo ruso por otros de distintas procedencias y calidades. Además, España es exportadora neta de gasolina y gasóleo, una situación muy diferente a la de otros países europeos.
Los recursos de las compañías también son un activo imprescindible para seguir invirtiendo en la transformación hacia la descarbonización del sector con objeto de alcanzar la neutralidad de emisiones, pese a la incertidumbre regulatoria que sigue existiendo en este aspecto y que viene a agravar el nuevo tributo que pretende imponerse.
Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, AOP, destaca en las declaraciones recogidas en este audio los principales motivos del rechazo al planteamiento y objetivos del nuevo gravamen a las compañías energéticas.
