

La CNMC ha impuesto multas por un total de 127,3 millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, así como a 10 de sus directivos (483.000 euros) por su participación en un cártel, por infringir dos leyes españolas de defensa de la competencia y un tratado de la Unión Europea.
Concretamente, las empresas crearon un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017, para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional.
Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española.
Las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas.
Varios cárteles desmantelados en 2019
Ya en 2019, la CNMC sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos.
La información recabada durante la instrucción de ese expediente alertó a la CNMC sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones (construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento, etc) de la red de alta velocidad y convencional.
En consecuencia, la CNMC activó nuevas investigaciones e inspeccionó la sede de Thales en mayo de 2017. Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada por Siemens en junio de 2017, ordenó inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y Cafs (diciembre de 2017). La investigación finaliza ahora con la resolución del presente sancionador (S/DC/0614/17: Seguridad y comunicaciones ferroviarias).
Modus operandi del cártel
El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (Thales desde 2007) y Dimetronic (Siemens Rail desde 2013), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE).
Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados, (en los acuerdos iniciales se fijó en un 50-50%, que después se ajustó al 55-45%), y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos. De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50%, y se garantizaron también los contratos de mantenimiento y sus correspondientes renovaciones. A partir de 2003, se sumaron al cártel otras empresas como Siemens S.A. en 2003, NSN (actual Nokia) en 2007 y Cobra en 2008.
Cambios a partir de 2011
La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favorecieron la presentación de ofertas con precios más competitivos.
Sin embargo, en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel. Alstom y Bombardier a partir de 2014 y CAFS a partir de 2015.
Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué la UTE, participada por las empresas del cártel, optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento.
Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan el uso de la UTE como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante.
Con todo ello, se trata de un cártel muy dañino que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones. Durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros. En algunos casos, la ejecución de los contratos adjudicados se mantiene hasta los años 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van más allá de la duración de propio cártel.
Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif, o previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF, ha supuesto una merma económica para la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio para consumidores y contribuyentes.
Multas a empresas y directivos
Una vez instruido el expediente, la CNMC ha acreditado existencia de una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva de cártel, y ha impuesto las sanciones detalladas a continuación.

En aplicación del Programa de Clemencia y teniendo en cuenta la información aportada por Siemens Rail y Siemens S.A., así como su directivo Gonzalo Martínez Delgado, se establece una reducción del 50% de las multas correspondientes que quedan fijadas en los siguientes importes:
– Siemens Rail Automation, S.A.U.: 9.450.555 euros
– Siemens S.A.: 5.000.000 euros
– D. Gonzalo Martínez Delgado: 17.000 euros
La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
