La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advierte de las lesivas consecuencias que la prolongación del gravamen extraordinario y temporal a las compañías energéticas tendrá en la competitividad del sector, el proceso de transformación de la industria, así como el empleo, la autonomía energética de España y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país. Mantener este gravamen pone en riesgo más de 16.500 millones de euros en inversiones destinados por estas compañías a la transición energética.
La firme intención de prorrogar el gravamen en el tiempo, recogida en el acuerdo entre las dos formaciones políticas que aspiran a formar Gobierno, penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre.
El sector del refino recuerda que son imprescindibles más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del PNIEC. Este borrador del PNIEC 2023-2030 eleva las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones, de las que el 85% deben provenir del sector privado.
Si se mantiene este gravamen, las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria. Las compañías asociadas en AOP tienen proyectadas unas inversiones superiores a los 16.500 millones de euros hasta 2030, que se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras, las cuales no crean empleo al menos de manera significativa, y frente a otros países sin objetivos ni condicionantes climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización.
AOP considera que prorrogar este gravamen, que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas, va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios.
Además, AOP subraya la importancia capital del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que las compañías de AOP habían realizado para mejorar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones.
Asimismo, durante la crisis de la COVID las compañías soportaron importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos. También, durante los peores meses de la inflación, ofrecieron y ofrecen aún descuentos adicionales, demostrando que el sector al que AOP representa, lo forman compañías comprometidas con la sociedad cuando ésta las necesita.
AOP reitera su rechazo a este impuesto, que vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen.
Finalmente, la asociación reitera la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal estable que incentive las inversiones en el proceso de transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que lleva aparejada estas inversiones.
